jueves, 7 de julio de 2011

Cataluña pondrá coto al 'turismo sanitario'

Extracomunitarios, profesionales liberales y religiosos que no tienen reconocido el derecho a atención en el SNS deberán acreditar una residencia de seis meses en Cataluña para recibir asistencia pública.

El Gobierno catalán, que preside Artur Mas, ha dividido (y aprobado) finalmente en tres proyectos de ley la polémica Ley Ómnibus (ver DM de 8, 9, 10 y 23-VI-2011), que recibió 2.344 alegaciones a sus 631 artículos que modifican 80 leyes diferentes. Uno de ellos impide el acceso a la sanidad pública a extranjeros no comunitarios y a colectivos nacionales sin derecho reconocido (profesionales liberales y religiosos) que lleven viviendo menos de seis meses en Cataluña.
Hay que recordar que el Parlamento autonómico aprobó el año pasado la ley de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), más conocida como ley de universalización de la asistencia, que amplió el derecho a profesionales liberales y religiosos que, al no estar obligados a cotizar a la Seguridad Social por no disponer de contrato laboral ni ser personas sin recursos económicos suficientes ni extranjeros, no se habían podido incorporar después de más de 30 años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad. Esos colectivos suponen el 0,7 por ciento de la población catalana: unas 65.000 personas.
Según ha informado la secretaria general del Departamento de Salud, Roser Fernández, a este diario, por medio de los nuevos proyectos de ley lo que se pretende es poner coto al turismo sanitario de pacientes extracomunitarios, obligándoles a residir en Cataluña seis meses antes de solicitar asistencia.
También se pone freno a este otro fenómeno: "Profesionales liberales y religiosos del resto de España, que no pueden recibir atención pública porque aún no hay una ley de universalización del Sistema Nacional de Salud, aprovechándose de la norma catalana vienen aquí a recibir un tratamiento que luego el CatSalut no puede facturar a otras comunidades autónomas ni al Fondo de Cohesión nacional".
Fernández también ha explicado que esos proyectos de ley, que ahora serán debatidos en el Parlamento, finalmente adaptan la Ley del Instituto Catalán de la Salud (ICS) a lo que establece la Ley General de Sanidad en materia de actividad privada en centros públicos, que es básicamente la posibilidad de atender y cobrar luego la actividad a mutuas de trabajo y de accidentes. Quedaría fuera la actividad privada de otro orden siguiendo el modelo Barnaclinic, del Hospital Clínico de Barcelona, sobre el que Fernández considera que debería abrirse un periodo de debate antes de decidir cerrarlo, tal y como demanda el sector privado.
Alegaciones de ACES
Con esa reforma, como avanzó DM, el presidente Mas ha asumido las alegaciones presentadas formalmente al anteproyecto de ley por la Asociación Catalana de Entidades de salud (ACES), pero no al cien por cien puesto que esta patronal del sector privado proponía eliminar el apartado 2 del artículo 15 de la Ley del ICS, que al igual que la Ley General de Sanidad permite a los centros públicos prestar servicios a mutuas laborales y de accidentes, e introducir esta enmienda en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC): "La actividad de los centros y servicios de salud de mayoría de capital público o con presencia mayoritaria en sus órganos de gobierno se circunscribirá a la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con la Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del CatSalut, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 16 y 83 de la LGS. A excepción de las mencionadas situaciones asistenciales, las instalaciones de estos centros y servicios de salud no se podrán utilizar para prestar asistencia sanitaria privada remunerada de ningún tipo, sino que deben dedicarse a las actividades de interés público que le son propias".
Este redactado se ha rechazado finalmente, según Fernández, porque "una ley autonómica no puede ser más restrictiva que una estatal". La reforma podría incorporar matices durante su trámite parlamentario.
Fuente DM

lunes, 16 de mayo de 2011

Opinión: SOS Murcia

Miguel Chamorro Gómez, presidente de AEOF y vicepresidente de FEFE
En España es responsabilidad de los poderes públicos la prestación del servicio sanitario a los ciudadanos y, por lo tanto, la asistencia farmacéutica. Para ello, existen los conciertos entre las farmacias y los gobiernos autonómicos, donde se establecen las condiciones de la prestación y su pago. La profunda crisis en que estamos inmersos hace que muchas comunidades autónomas, Murcia entre ellas, se encuentren con un problema de tesorería, que lejos de ser coyuntural es más bien estructural. Por otra parte, las durísimas condiciones en cuanto a endeudamiento y los recortes, impuestos desde arriba, agravan todavía más el problema de tesorería de estas autonomías.

Estas circunstancias hacen que la comunidad autónoma de Murcia haya comunicado a los farmacéuticos que no puede pagar durante los próximos seis meses. Pero, por si esto no fuera suficiente, las entidades de crédito, cajas y bancos han agotado, si no sobrepasado, su límite de riesgo con la comunidad autónoma murciana.

Los farmacéuticos, como hemos hecho siempre, estamos dispuestos al diálogo y a la máxima colaboración, pero hasta ahora la única solución que hay sobre la mesa pasa por una póliza de crédito individualizada a cada oficina de farmacia con garantía personal del propio farmacéutico con todos sus bienes presentes y futuros.

La facturación de un semestre de cada farmacia al Servicio Murciano de Salud (SMS) supone sus beneficios de cinco años y, en muchos casos por no decir en la mayoría, superaría el patrimonio neto de cada oficina de farmacia, comprometiendo el pago, en caso de incumplimiento por parte del SMS de su compromiso, la supervivencia del farmacéutico.

Con estas premisas, el escenario es el siguiente. Uno, la Administración autonómica tiene voluntad de pagar, pero no tiene dinero. Dos, el colectivo de oficinas de farmacia quiere colaborar al mantenimiento del servicio, pero necesita cobrar y, para ello, tiene que pagar a proveedores, personal, gastos generales y comer. Tres, la banca presta dinero pero no le basta la garantía de la Administración autonómica, ya que quiere el aval personal de cada boticario. Y cuatro, la pregunta que cabe realizar es la siguiente: ¿Es razonable que los boticarios financien y avalen la prestación farmacéutica a todos los ciudadanos murcianos siendo ésta responsabilidad del gobierno autónomo?

jueves, 28 de abril de 2011

¿Boticarios o prestamistas?

Papá, ¿a qué os dedicáis los boticarios?...pues hija, a dispensar medicamentos y a dar buenos consejos sobre la salud, somos los profesionales sanitarios más cercanos, solo tenemos que entrar en la farmacia y pedir consejo sobre que hacer en tal o cual caso, somos un alivio, no hay que pedir cita y siempre estamos ahí para lo que haga falta.

¿Y se dedican también a prestar dinero a la administración regional? Pues parece que sí, que a parte de dedicarnos a los asuntos sanitarios, nos dedicamos a pedir préstamos para pagar los medicamentos que dispensamos, por lo menos es lo que nos plantea la Administración Regional y el Colegio de Farmacéuticos que nos representa. Esto es lo que van a votar los farmacéuticos titulares de Oficinas de Farmacia mañana en el Colegio de Farmacéuticos de Murcia.

No me parece bien que tengamos que pedir un préstamo personal para pagar los medicamentos que dispensamos día a día en nuestras oficinas de farmacia los próximos 6 meses, no se de que tenemos miedo, o que clase de complejos tenemos para no quejarnos ante esta situación intolerable. Si el Servicio Murciano de Salud no puede pagar por esos medicamentos que se recetan, habrá que pensar en otro sistema o intentar que la factura en medicamentos sea menor, y a última hora si no puede pagar, no puede hacer que pida un préstamo el que tiene que cobrar por dispensar ese medicamento.
Javier Plaza Zamora
Farmacéutico Comunitario de Mazarrón (Murcia)

sábado, 22 de enero de 2011

Sanidad vuelve a retrasar el pago a las farmacias por falta de liquidez

El Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene las arcas tan vacías que, nada más empezar el año, ha tenido que retrasar el primer pago mensual de las recetas, que debía haber abonado el jueves día 20. El Colegio de Farmacéuticos ha enviado una circular a todas las oficinas de farmacia explicando que Sanidad se ha comprometido a hacer frente al pago antes del 2 de febrero.
El director general de Régimen Económico del SMS, Andrés Carrillo, confirma el retraso y asegura que se debe a «una cuestión de tesorería». Dicho de otro modo, la Consejería de Hacienda todavía no ha dado vía libre a los pagos por problemas de liquidez. Aunque el presupuesto de 2011 esté recién estrenado, el dinero para abonar estas facturas no ha llegado. Lo hará por la vía del endeudamiento con entidades bancarias, explican fuentes autonómicas.
Lo que sí ha pagado ya la Comunidad Autónoma son los 114 millones de euros que debía por las recetas de los últimos tres meses de 2010. Las farmacias pudieron cobrar a lo largo del pasado trimestre gracias a una póliza que firmaron el Colegio de Farmacéuticos y una entidad bancaria, y ahora el Servicio Murciano de Salud ha saldado la deuda pendiente.
Todo esto llega después de que el jueves se conociesen los datos del gasto farmacéutico en la Región en 2010, que ascendió a 420 millones de euros, según la estadística del Ministerio de Sanidad. Supone un aumento del 1,93% con respecto al año anterior (8 millones de euros más). Murcia lideró el incremento del gasto en toda España, y de hecho solo la Región, Galicia y Melilla experimentaron subidas, frente al descenso generalizado del resto de autonomías.
Gasto en recetas
El director general de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica, José Antonio García Córdoba, defendió ayer que los resultados no son tan malos porque si a los datos de 2010 se les suman los del año anterior, cuando la Región fue la única que bajó en gasto farmacéutico, Murcia «se situaría como la quinta autonomía con menor subida en recetas durante los años 2009 y 2010». En todo ese periodo, el incremento en Murcia es del 1,02%, frente al 2,11% del resto de autonomías. Además, García Córdoba defiende que «es necesario contemplar el aumento exponencial de población y valorar que nuestra Comunidad es un importante destino turístico». En 2009, Sanidad redujo la facturación gracias entre otras cosas a que sacó algunos medicamentos del circuito farmacéutico y los derivó al gasto hospitalario. En 2010, otras comunidades han hecho lo mismo con productos absorbentes y pañales.
Murcia fue el año pasado la segunda comunidad en la que más subió el número de recetas (tras Baleares) y también fue la que menos redujo el gasto medio por receta.
Fuente La Verdad (Murcia)

viernes, 7 de enero de 2011

La Audiencia Nacional 'tumba' la orden de precios de referencia

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga a cambiar el actual sistema de precios de referencia de los medicamentos y a utilizar para el cálculo de los precios únicamente los medicamentos que realmente estén comercializados en el mercado y no los que, simplemente, estén autorizados por la Agencia del Medicamento pero no estén disponibles en la práctica para su dispensación al paciente.
La sentencia es fruto de un recurso presentado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) contra la orden de precios de referencia de 2008, que entró en vigor en 2009, y que anula los nuevos conjuntos de precios que creó en aquel momento.
Pero el caso no afecta sólo a la orden de precios de 2008, puesto que la Audiencia Nacional prevé fallar en los próximos días un recurso gemelo sobre la orden de 2009 que entró en vigor en 2010 y FEFE prevé pedir medidas cautelares para evitar que entre en vigor la orden de precios de referencia de 2010 que teóricamente se podría en marcha en el 1 de marzo de este año y con la que Sanidad aspiraba a ahorrar 1.500 millones.
La cuestión no es baladí. Los precios de referencia se calculan con la media de los tres fármacos más baratos del mercado para cada principio activo y tipo de presentación, y Sanidad, pese a las críticas de farmacéuticos e industria, ha utilizado tradicionalmente para ese cálculo medicamentos que no estaban realmente en el mercado y que habían sido simplemente autorizados por petición de algunos laboratorios para forzar a la baja el precio de sus competidores.
En la última orden de precios, que debe entrar en vigor en marzo de este año, FEFE calculó por ejemplo que el 25 por ciento de los precios se habían fijado a partir de fármacos virtuales que no estaban disponibles, concretamente 58 conjuntos de los 199 que establecía el borrador de la orden se habían fijado de ese modo.
La sentencia que acaba de dictar la Audiencia deja sin efecto todos los conjuntos de fármacos calculados de este modo y cambia de forma radical la interpretación que hasta ahora habían dado los tribunales a esta cuestión: "La sala, tras un nuevo estudio de la materia que nos ocupa, ha reconsiderado la postura que venía manteniendo" y considera que en adelante debe entenderse que "el sistema de precios de referencia exige que las presentaciones incorporadas a los conjuntos se encuentren comercializadas".
Rafael Ariño, abogado de FEFE en el caso, explica que "aunque es complicado, es previsible que tanto laboratorios como farmacéuticos pidan responsabilidad patrimonial a Sanidad por las pérdidas que les ha ocasionado la fijación del precio por debajo de lo que correspondía".
Ángel Luis Rodríguez, director de la patronal de genéricos Aeseg, celebra la sentencia y reclama que Sanidad "dé incluso un paso más allá para que se realice el cálculo con fármacos con cierta cuota de mercado". Desde Farmaindustria se celebra también la sentencia y se afirma que se estudiará la oportunidad de incluir esta cuestión en los recursos que la patronal tiene en marcha contra la orden de marzo y las de años anteriores.
Sanidad está todavía estudiando el fallo y aclara si recurrirá la sentencia ni si paralizará la orden de marzo.