El Gobierno catalán, que preside Artur Mas, ha dividido (y aprobado) finalmente en tres proyectos de ley la polémica Ley Ómnibus (ver DM de 8, 9, 10 y 23-VI-2011), que recibió 2.344 alegaciones a sus 631 artículos que modifican 80 leyes diferentes. Uno de ellos impide el acceso a la sanidad pública a extranjeros no comunitarios y a colectivos nacionales sin derecho reconocido (profesionales liberales y religiosos) que lleven viviendo menos de seis meses en Cataluña.
Hay que recordar que el Parlamento autonómico aprobó el año pasado la ley de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), más conocida como ley de universalización de la asistencia, que amplió el derecho a profesionales liberales y religiosos que, al no estar obligados a cotizar a la Seguridad Social por no disponer de contrato laboral ni ser personas sin recursos económicos suficientes ni extranjeros, no se habían podido incorporar después de más de 30 años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad. Esos colectivos suponen el 0,7 por ciento de la población catalana: unas 65.000 personas.
Según ha informado la secretaria general del Departamento de Salud, Roser Fernández, a este diario, por medio de los nuevos proyectos de ley lo que se pretende es poner coto al turismo sanitario de pacientes extracomunitarios, obligándoles a residir en Cataluña seis meses antes de solicitar asistencia.
También se pone freno a este otro fenómeno: "Profesionales liberales y religiosos del resto de España, que no pueden recibir atención pública porque aún no hay una ley de universalización del Sistema Nacional de Salud, aprovechándose de la norma catalana vienen aquí a recibir un tratamiento que luego el CatSalut no puede facturar a otras comunidades autónomas ni al Fondo de Cohesión nacional".
Fernández también ha explicado que esos proyectos de ley, que ahora serán debatidos en el Parlamento, finalmente adaptan la Ley del Instituto Catalán de la Salud (ICS) a lo que establece la Ley General de Sanidad en materia de actividad privada en centros públicos, que es básicamente la posibilidad de atender y cobrar luego la actividad a mutuas de trabajo y de accidentes. Quedaría fuera la actividad privada de otro orden siguiendo el modelo Barnaclinic, del Hospital Clínico de Barcelona, sobre el que Fernández considera que debería abrirse un periodo de debate antes de decidir cerrarlo, tal y como demanda el sector privado.
Alegaciones de ACES
Con esa reforma, como avanzó DM, el presidente Mas ha asumido las alegaciones presentadas formalmente al anteproyecto de ley por la Asociación Catalana de Entidades de salud (ACES), pero no al cien por cien puesto que esta patronal del sector privado proponía eliminar el apartado 2 del artículo 15 de la Ley del ICS, que al igual que la Ley General de Sanidad permite a los centros públicos prestar servicios a mutuas laborales y de accidentes, e introducir esta enmienda en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC): "La actividad de los centros y servicios de salud de mayoría de capital público o con presencia mayoritaria en sus órganos de gobierno se circunscribirá a la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con la Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del CatSalut, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 16 y 83 de la LGS. A excepción de las mencionadas situaciones asistenciales, las instalaciones de estos centros y servicios de salud no se podrán utilizar para prestar asistencia sanitaria privada remunerada de ningún tipo, sino que deben dedicarse a las actividades de interés público que le son propias".
Con esa reforma, como avanzó DM, el presidente Mas ha asumido las alegaciones presentadas formalmente al anteproyecto de ley por la Asociación Catalana de Entidades de salud (ACES), pero no al cien por cien puesto que esta patronal del sector privado proponía eliminar el apartado 2 del artículo 15 de la Ley del ICS, que al igual que la Ley General de Sanidad permite a los centros públicos prestar servicios a mutuas laborales y de accidentes, e introducir esta enmienda en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC): "La actividad de los centros y servicios de salud de mayoría de capital público o con presencia mayoritaria en sus órganos de gobierno se circunscribirá a la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con la Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del CatSalut, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 16 y 83 de la LGS. A excepción de las mencionadas situaciones asistenciales, las instalaciones de estos centros y servicios de salud no se podrán utilizar para prestar asistencia sanitaria privada remunerada de ningún tipo, sino que deben dedicarse a las actividades de interés público que le son propias".
Este redactado se ha rechazado finalmente, según Fernández, porque "una ley autonómica no puede ser más restrictiva que una estatal". La reforma podría incorporar matices durante su trámite parlamentario.
Fuente DM